El príncipe Enrique llega a Londres para continuar con su lucha legal para tener protección oficial en el Reino Unido

Desde 2020, año en el que el príncipe Enrique y Meghan Markle abandonaron sus deberes oficiales como miembros activos de la realeza británica —renunciando también a sus títulos y a la financiación pública—, el hijo menor del rey Carlos III reclama recibir protección policial cuando visita el Reino Unido. Una reclamación que ha llevado hasta los tribunales. Este martes, 8 de abril, se ha iniciado la vista judicial en el Alto Tribunal de Apelación de Londres sobre el recurso que presentó Enrique de Inglaterra tras haber perdido en una primera instancia hace algo más de un año la batalla judicial que le enfrenta al Gobierno británico. No se esperaba su presencia en la Corte, pero finalmente ha aparecido. La última vez que viajó al Reino Unido fue el pasado mes de septiembre para asistir a unos premios.

El duque de Sussex continua con su reclamación legal sobre el nivel de protección oficial cuando él o su familia pisan territorio británico, y lo que solicita es que esa protección la lleve a cabo la Policía Metropolitana de Londres en virtud de haber nacido en la familia real británica y por el alto perfil público tanto de él como de su esposa. El juez Vos, sentado con otros dos jueces superiores del Tribunal de Apelaciones, escuchará ahora el caso del duque durante dos días. Algunas pruebas “altamente confidenciales” se escucharán en secreto, ya que “se relacionan con acuerdos de seguridad y niveles de amenaza y evaluaciones para [Enrique] y otras figuras públicas”, según explica el diario británico The Times. “Es obvio que ese material sería de interés para cualquiera que desee dañar a una persona”, añade. “Al hacer el viaje de regreso de 10.000 millas desde California para asistir al Tribunal 73, espera demostrar cuán crítico considera el resultado del caso”, señala por su parte The Telegraph.

Fue en febrero de 2024 cuando el magistrado Peter Lane, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, propinó un varapalo al príncipe en el caso que le enfrentaba con el Ministerio del Interior por la retirada del servicio de escoltas. El juez falló a favor de la decisión del Gobierno de retirarle el servicio permanente de seguridad del que gozaba en el Reino Unido. Durante ese primer juicio, en diciembre de 2023, los abogados en representación del Ministerio del Interior aseguraron al juez Lane que el príncipe Enrique podría seguir gozando de protección oficial durante sus visitas al Reino Unido, pero especificaba que no podría hacerlo de modo permanente y automático, sino “con preparativos a medida, específicamente diseñados para él”. En su sentencia, el juez defendió la oferta de una “seguridad a medida” para Enrique de Inglaterra como una solución “legalmente correcta”. Algo que obviamente él no considera del mismo modo, de ahí que decidiera recurrirla, lo que ahora se está dirimiendo de nuevo en un tribunal de la capital británica.

Su abogada, Shaheed Fatima, ha dicho este martes que la agencia que protege a la realeza y figuras públicas habían tratado a su cliente sobre una base “a medida” que no se aplicó a cualquier otra persona. “Significa que ha sido señalado por un trato diferente, injustificado e injusto”, ha asegurado, afirmando que él no buscaba ser tratado como lo era cuando era un miembro trabajador de la familia real, pero quería ser considerados sobre la misma base que otras figuras públicas. Según ha dicho también la letrada, su apelación contra el Gobierno británico alude “al derecho más fundamental, el de la seguridad de una persona”.

Fue el Comité Ejecutivo para la Realeza y Autoridades VIP (Ravec, en sus siglas en inglés), el organismo conjunto del Ministerio del Interior y la Policía Metropolitana, el que acabó con esas prestaciones policiales desde el momento en que los duques de Sussex se trasladaron a Canadá primero y luego a Estados Unidos, donde residen en la actualidad con sus dos hijos. Entonces, el hijo menor de Carlos de Inglaterra solicitó la posibilidad de costear de su bolsillo esa protección que le garantizaría seguridad a él y a su familia cuando visitaran su país de origen. Pero tras la negativa del Ministerio del Interior ante esta propuesta, emprendió acciones legales contra el Gobierno. En enero de 2022, Enrique de Inglaterra explicaba los motivos de esa denuncia a través de un comunicado emitido por un representante. Según se afirmaba en el escrito, su objetivo es “garantizar su seguridad y la de su familia mientras se encuentra en el Reino Unido para que sus hijos puedan conocer su país de origen”. Una protección sin la que no podrá volver a su hogar, denunciaba, pues a pesar de contar con su cuerpo estadounidense de seguridad privada, sus representantes legales apuntaban que ese equipo no tiene jurisdicción en el extranjero ni acceso a la información de inteligencia del Reino Unido, necesaria para mantenerlos a salvo. “Si bien su rol dentro de la institución ha cambiado, su perfil como miembro de la Familia Real no lo ha hecho. Tampoco la amenaza para él y su familia”, reclamaba el escrito.

La abogada Fatima Shahee, que ha expuesto este martes los argumentos de su cliente, ha argumentado que la seguridad del príncipe “no parece haber sido considerada en ninguna reunión formal mantenida por el Ravec”. Shahee ha asegurado que “no hay ninguna anotación oficial ni documentos detallados que recojan el planteamiento referente a la seguridad [del príncipe] ni al razonamiento detrás de este”. Entre sus argumentos, la letrada ha defendido que el Ravec no llevó a cabo ninguna evaluación de un “organismo especializado sobre gestión de riesgos”.

El duque ha dejado claro que sin una seguridad garantizada y respaldada por el Estado se siente incapaz de traer a su esposa o a sus hijos de regreso al Reino Unido, de hecho Meghan Markle no pisa suelo británico desde el entierro de la reina Isabel II, en septiembre de 2022. “Sigue siendo peligroso, y todo lo que se necesita es un actor solitario, una persona que lea estas cosas para actuar según lo que ha leído y ya sea un cuchillo o ácido, lo que sea, y estas son cosas que me preocupan genuinamente... Es una de las razones por las que no traeré a mi esposa de regreso a este país”, dijo el príncipe en una entrevista el pasado mes de junio. Una cosa está clara en este viaje: no se verá con su padre, Carlos III y Camila están de viaje oficial en Italia hasta el próximo viernes.

Este nuevo proceso legal llega en un momento en el que el príncipe Enrique se encuentra implicado en una polémica con la organización benéfica Sentebale, fundada por él y por el príncipe Seeiso de Lesoto en 2006. La Charity Commission del Reino Unido abrió el pasado miércoles 2 de abril una investigación sobre las “preocupaciones planteadas”. Todo ello después de que los dos fundadores de la ONG dimitieran de sus funciones tras una serie de disputas internas que no han hecho más que agravarse en las últimas semanas con Sophie Chandauka, una abogada nacida en Zimbabue que fue nombrada presidenta del consejo de administración en 2024. “Lo que ha sucedido durante la última semana ha sido desgarrador de presenciar, especialmente cuando mentiras tan flagrantes dañan a quienes han invertido décadas en este objetivo común”, afirmó el duque de Sussex en el comunicado emitido la pasada semana.