Fedea advierte de que los acuerdos de Sánchez pueden dejar al Estado sin los «recursos para ejercer sus funciones básicas»
Avisa de que las cesiones a los nacionalistas alientan el riesgo de una deriva confederal que dinamitaría la nivelación interterritorial y la redistribución entre ciudadanos
Estima en 88.000 millones de euros la factura para el Estado de una condonación general de deuda a las comunidades autónomas y alerta de que azuzará la indisciplina fiscal
Sánchez compromete más de 100.000 millones para ser presidente
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Los compromisos alcanzados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los partidos nacionalistas durante las negociaciones para su investidura encierran el riesgo de una deriva confederal que podría dejar al Estado sin los recursos y las herramientas necesarias "para ejercer sus funciones ... básicas de coordinación y redistribución". Así lo concluye un análisis sobre el contenido económico de los acuerdos de investidura difundido este miércoles por el think tank Fedea y firmado por su director Ángel de la Fuente, uno de los principales expertos nacionales en materia de financiación autonómica.
El laboratorio de ideas que patrocinan desde hace años un puñado de empresas del Ibex considera que los acuerdos alcanzados por el PSOE con Sumar y la lista de fuerzas nacionalistas que han respaldado la investidura de Pedro Sánchez supondrían, de concretarse, una amenaza para el crecimiento y el empleo, para la sostenibilidad de las cuentas públicas y para la cohesión social y territorial del país, y que agravarían el problema de indisciplina fiscal que ha conducido a España a su situación actual, en la que la Comisión Europea sigue situando al país entre aquellos con un riesgo elevado de insostenibilidad fiscal.
El análisis de Fedea manifiesta una especial inquietud por el potencial reconocimiento de un estatus fiscal diferenciado a Cataluña, aún asumiendo lo improbable de que el Gobierno acabe cediendo a la exigencia de Junts de que sea la Generalitat la que recaude el 100% de los impuestos que se paguen en Cataluña, lo que conduciría a una especie de sistema de cupo. Entiende, no obstante, que a la luz del documento firmado con Sumar y del tono de lo acordado con ERC y Junts "no son descartables concesiones significativas que podrían pasar por un estatus especial para Cataluña tanto en las negociaciones sobre la reforma de la financiación como en su posición en el nuevo modelo, que se traducirían en una menor aportación de la comunidad a la caja común" y en una financiación privilegiada.
El director de Fedea advierte de que un escenario de esa naturaleza "comportaría un gradual debilitamiento del Estado, que se vería privado de los recursos y herramientas necesarios para ejercer sus funciones básicas de coordinación y redistribución".
De la Fuente advierte de que en ese camino, y en previsión de la dificultad de afrontar una reforma integral del sistema de financiación autonómica con la mayoría de las comunidades autónomas en contra, existen fórmulas para mejorar la financiación de Cataluña de una forma "poco visible". Por ejemplo, mediante una valoración sesgada al alza de las competencias singulares que no han sido asumidas por todas las comunidades autónomas y que se financian a través del Fondo de Suficiencia del sistema de financiación autonómica. "Será necesario, por tanto, vigilar la valoración de los futuros acuerdos en este ámbito a los que se hace referencia en el documento firmado con ERC, tomando siempre como referencia el gasto que en la actualidad realiza el Estado por el mismo concepto en el conjunto del país", asegura el informe.
No se trata de una advertencia gratuita. ERC plantea la discusión de esas valoraciones en su acuerdo con el PSOE, que también recoge la transferencia aparentemente gratuita de bienes patrimoniales titularidad de ADIF, y cuya valoración no se conoce, a la Generalitat y De la Fuente ya ha advertido acerca de la sobrevaloración de las transferencias extra reconocidas para cuestiones lingüísticas dentro del sistema de financiación autonómica, en sus reguladores informes sobre el mismo.
La factura económica y moral de la condonación de deuda
La evaluación de Fedea se detiene también en la comprometida condonación de deuda por importe de 15.000 millones de euros a la Generalitat de Cataluña, que el PSOE se ha comprometido a hacer extensible al conjunto de las comunidades autónomas con el argumento de los gastos extra que tuvieron que sufragar sin financiación extra del Estado en los años de la gran crisis financiera.
El think tank estima que para garantizar el mismo nivel de condonación de deuda por habitante ajustado comprometido con Cataluña (unos 1.980 euros por habitante) la factura total de la maniobra ascendería a 88.000 millones de euros, que pasarían de engrosar la deuda de las comunidades autónomas a aterrizar en la cartera del Tesoro Público.
Pero más que la factura económica, que las agencias de rating ya han avanzado que no afectará a la consideración en el mercado de la deuda española ya que suponen una transferencia -por otro lado, esperada- de obligaciones desde una administración pública a otra, a Ángel de la Fuente la preocupa la 'factura moral'.
"La condonación incondicionada de deuda recogida en el acuerdo con ERC es una pésima idea porque agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre el sistema de financiación autonómica", advierte el investigador, que coordinó la comisión de expertos para la reforma del sistema constituida durante el Gobierno de Mariano Rajoy. "A la vista de la experiencia previa, cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las CCAA de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal".
De la Fuente desliza además que salvo que se ajuste de forma estricta al FLA, lo que dejaría fuera por ejemplo a la Comunidad de Madrid que es la única comunidad autónoma que ya se ha desvinculado por completo de la asistencia financiera del Estado, el perdón general de deuda también plantea problemas de legalidad con el artículo 8.2 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
"Multa a sectores antipáticos"
Otro de los flancos de inquietud son los acuerdos con Sumar, que según avanzó ABC esconden un incremento potencial del gasto público cercano a los 40.000 millones de euros. En opinión de Fedea el listado de acuerdos cerrado por el PSOE con su principal socio de gobierno "apuntan a fuertes incrementos del gasto público que posiblemente no sean fáciles de financiar y a un importante aumento de los costes empresariales que podrían amenazar la competitividad y el empleo".
Financiar semejante programa de gasto requerirá de nuevas medidas fiscales, que según lo que aparece en los acuerdos de investidura son a juicio del think tank poco precisas y en ocasiones demagógicas. En este sentido, Fedea señala de forma directa a la intención del Gobierno de consolidar los gravámenes especiales sobre la banca y la energía, lo que según el informe supone asumir que "estamos en realidad ante multas a sectores que le resultan antipáticos a los socios de Gobierno".
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