La juez insiste en que hay indicios de criminalidad que justifican la investigación del hermano de Pedro Sánchez

«No existe investigación prospectiva, sino que es labor fundamental del juez de instrucción investigar todas las circunstancias relacionadas con los hechos objeto de investigación y con la autoría de los mismos», se puede leer en el último auto, con fecha de este jueves. Biedma se reafirma en su obligación, como juez de instrucción, de «intentar delimitar la verdad material».

Si bien, la juez admite que todo el proceso arrancó como consecuencia de una denuncia de Manos Limpias, «la continuación del mismo ha sido motivada por los indicios de criminalidad derivados de la amplia documental que ha sido requerida a la diputación provincial y otras instituciones», además de las «declaraciones testificales» y el «análisis de los correos intervenidos». La investigación no habría tenido continuidad, dice, de no haberse deducido «indicios de la comisión de delitos contra la Administración Pública».

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Biedma niega, por el momento, cualquier sobreseimiento, dado que «no nos encontramos en el momento procesal oportuno para determinar si procede». La juez defiende las diligencias de investigación e insiste en que, hasta que no se practiquen todas ellas, no se valorará si deben o no continuar. En el auto, también se justifica haber recabado documentación relativa a la Jefatura de Servicio de Coordinación y Gestión Administrativa de los conservatorios de música. Después del cambio de nomenclatura, la magistrada entiende que «es necesario conocer el contenido del puesto (…) a fin de determinar las funciones del mismo y su relevancia en cuanto a las premisas mencionadas».

Del mismo modo, la magistrada descarta contemplar como delito de desobediencia la filtración de correos y de las propias declaraciones de los investigados. Aclara que en ningún momento se emitió una orden directa para evitar dichas filtraciones, sino que, simplemente se advirtió a los intervinientes de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en que pudieran incurrir. «Deberá ser la propia parte que entienda lesionados sus derechos la que interponga las correspondientes reclamaciones, demandas o denuncias», afirma.

La defensa también había presentado alegaciones sobre la documentación solicitada al Teatro Real de Madrid. La juez estima necesario «conocer el vínculo de Sánchez con dicha institución». Del mismo modo, justifica las declaraciones, como testigos, de Francisco Serrano y Álvaro Jaén. El primero de ellos, representante del sindicato CSIF se opuso a la creación de la plaza en la Mesa de Negociación de la Diputación de Badajoz. El segundo, exlíder de Podemos en Extremadura, fue el primero que denunció ante la opinión pública las supuestas irregularidades en el proceso administrativo que acabó con la contratación de Sánchez.

El hermano del jefe del Ejecutivo está siendo investigado por presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. También se investiga al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que, en su última aparición en público, después de la dimisión de Sánchez, volvió a defender al hermano del presidente, cuya renuncia tachó de «injusta», y su propia inocencia. «El tiempo nos dará la razón», sentenció.

Según la defensa del propio Sánchez, la renuncia a su cargo, que fue comunicada oficialmente hace unas semanas, coincidiendo con que su proyecto Ópera Joven quedase desierto, no viene de una «recomendación legal». Se considera, dice la defensa, que es un elemento «inocuo» en el procedimiento. Para bien o para mal, entienden, no tendrá influencia en la investigación ni en las consecuencias derivadas de la misma.